La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) respalda el proceso democrático que ha permitido la sucesión presidencial prevista en la Constitución y está de acuerdo con las reformas políticas para adelantar un nuevo proceso de elecciones generales que den sostenibilidad a Perú.

Fuente: Portalfruticola.com

Ellos exigen al gobierno de la Presidenta Dina Boluarte inmediata acción para evitar que grupos violentistas infiltrados en las marchas desestabilicen el país atentando contra instituciones públicas, empresas privadas, medios de comunicación, bloqueando el libre tránsito en las carreteras, tomando rehenes, enfrentándose a las fuerzas del orden, azuzando a la población con mentiras de índole político y causando dolorosas pérdidas humanas.

“Son cinco días de caos, muerte y bloqueo de carreteras en el centro, norte y sur del país que no permiten el libre tránsito de mercancías y personas, dañando severamente al sector agrario e impidiendo que los trabajadores puedan ir a sus centros de labores. Los productos agrarios son perecibles y de ello depende la alimentación de la población y el sustento de millones de agricultores y trabajadores. Las pérdidas económicas son cuantiosas en toda la cadena productiva agraria que en su mayoría son pequeñas empresas y agricultores familiares. Se están perdiendo puestos de trabajo y generando un daño irreparable en todo el sector agrario”, señalan los directivos de AGAP.

En tanto, Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP, indicó en entrevista televisada por RPP que los bloqueos de carreteras están perjudicando seriamente al sector agrario, ya que están tomados varios puntos de la carretera: Piura, Libertad, Arequipa. Resaltó que es necesario que se declare el estado de emergencia, además de Apurímac, en Arequipa, Ica, La Libertad, entre otras regiones; dando protección a la ciudadanía, la propiedad pública y privada, y reestableciendo el libre tránsito en las carreteras.

«He conversado con productores de la pequeña, agricultura y exportadores de la agroindustria y están desintegrados. Hay bloqueos y en Chao están amenazados los fundos pequeños, medianos y grandes, los trabajadores no pueden ir a trabajar a las agroindustrias, podría haber una manifestación de las personas y trabajadores que quieren trabajar en contra de estos violentistas, se está generando caos innecesariamente, ya hay paralizadas varias empresas y el gobierno no ha sacado ninguna declaratoria de emergencia», enfatiza Amaro.

Dentro del petitorio está la exigencia al gobierno de su responsabilidad de mantener el Estado de derecho y orden público. También esperan que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen dando el soporte necesario a la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas para capturar y sancionar a los grupos vandálicos que causan zozobra en el país. Asimismo, el Congreso debe aprobar una ley para dar protección legal a las Fuerzas del Orden.

«Lo que sabemos es que los infiltrados no son gente de la zona, ni trabajadores, parece que son gente contratada para generar caos y que se infiltra en estas manifestaciones. La Policía y los servicios de inteligencia lo tienen muy claro, ellos están ahí», dice Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP.

Para AGAP, el país y el sector agrario se encuentran en una situación crítica. La democracia está siendo amenazada. Las instituciones tienen que defenderla en el marco de la constitución y la ley restableciendo urgentemente el orden, el libre tránsito y el estado de derecho en el Perú.

Alejandro Fuentes, presidente de AGAP y Gerente General Talsa Agroexport, indicó que el sector agrario peruano está siendo gravemente perjudicado por los actos de violencia que se vienen suscitando en regiones como La Libertad e Ica. Lamentó los daños causados por vándalos en las diferentes zonas del país, así como las imágenes que viene circulando de incendios y destrucción en empresas de la agroindustria.

En relación a este mismo tema, el Director Gerente de la Agrícola Pampa Baja SAC, Juan Carlos Paredes, señaló a Portalfruticola.com que «por el momento estamos en pleno desarrollo de los eventos y por ahora no podría decir o medir el impacto. Esperemos que los hechos se desarrollen para un lado u otro, el panorama es muy complejo y de mucha incertidumbre».

Ataques a la agroindustria

La empresa Danper, una de las líderes de la agroindustria peruana fue víctima este martes 13 de diciembre de un violento ataque, en su planta en El Pedregal, Arequipa, lo cual ha sembrado mucho miedo entre los trabajadores.

Desde la empresa señalan que «no hay ninguna pérdida humana que lamentar porque desde el inicio de esta
escalada de violencia nuestra prioridad ha sido salvaguardar la vida, seguridad e integridad de nuestros trabajadores por lo que suspendimos las labores en nuestras operaciones desde ayer. El impacto de este ataque alcanza pérdidas materiales debido principalmente a que la turba de delincuentes incendió algunas oficinas y un almacén de materiales en
esta planta, situación que ha sido controlada por nuestra brigada de emergencia gracias al sistema contra incendios que tenemos implementado».

Danper reitera el compromiso con la seguridad e integridad de los trabajadores en estas circunstancias de caos y violencia y exigen a la Presidenta Dina Boluarte, los Ministros de Estado y a las autoridades en general que sean capaces de restablecer con sentido de urgencia el Estado de Derecho, en todas las regiones del Perú, requisito indispensable para preservar la democracia y alcanzar la paz social.

Ministerio de Agricultura de Perú

Pese al bloqueo de diversos tramos de vías de comunicación que conectan con Lima. La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, dijo que actualmente los mercados internos están abastecidos y con stocks de alimentos para atender la demanda de los consumidores.

Hizo una invocación al diálogo y un llamado a la paz social para retornar a la normalidad, debido a diversas protestas que se realizan en diversos puntos del país.

“La presidenta Dina Boluarte, ha dispuesto la adopción de medidas y acciones para liberar los antes posible (las vías de comunicación), siempre respetando los derechos humanos y (manteniendo) el diálogo permanente que debe existir con la población”, sostuvo la ministra del sector.