De acuerdo a información de la Comisión Nacional de Riego, la semana pasada se aprobó la extensión por un año de la actual Ley 18.450, tras la extensa discusión de la iniciativa presentada por el Gobierno en marzo para extender el fomento a las obras de riego y drenaje por doce años, que no ha sido aprobada. Entre los principales cambios que se busca incorporar están potenciar los proyectos de pequeños agricultores, evitar que grandes empresas puedan optar al subsidio estatal e incorporar nuevos requisitos para la protección del medio ambiente.

Fuente: El Agro

En medio de la crisis económica de 1982, con la idea de generar empleos y desarrollar la agricultura luego del proceso de reforma agraria, el ingeniero civil Fernando Peralta redactó el primer borrador de la Ley 18.450 para el fomento del riego y las obras de drenaje, como parte de una comisión que buscaba potenciar un uso más eficiente del agua, recuerda hoy, y que permite que el Gobierno destinara recursos económicos para cumplir con ese objetivo.

Si bien la iniciativa fue creada para un período inicial de diez años, promulgándose en 1985, se ha prorrogado en dos ocasiones (ver infografía) y estuvo vigente hasta el 4 de diciembre de este año. Debido a la necesidad de abordar los nuevos desafíos que enfrenta el sector en materia hídrica y medioambiental, a comienzos de este año el Gobierno presentó un proyecto de ley para extenderla por 12 años, lo que hasta ahora no ha sido aprobado. Sin embargo, dado el impacto a nivel agroprodutivo, para permitir que la Comisión Nacional de Riego (CNR) pueda seguir asignando recursos mientras se discute en profundidad la renovación de la ley, la semana pasada se aprobó extender por un año la vigencia del texto actual, medida que se votó dentro de la ley de reajuste salarial del sector público.

‘La Ley de Riego ha sido el instrumento más importante desarrollado en Chile para mejorar la calidad de vida de nuestros agricultores, fomentando la gestión de riego e incrementando la productividad, y transformándonos en una potencia agroalimentaria de clase mundial, altamente reconocida y prestigiada en todo el mundo’, destaca el presidente de la Asociación Gremial de Riego y Drenaje (Agryd), Walter Frindt.

Con aportes por más de $643 mil millones solo en los últimos diez años, que han permitido incorporar sistemas de riego tecnificado a 190 mil hectáreas y mejorar casi 1.500 kilómetros de canales en diferentes regiones (ver infografía), al impacto productivo que ha generado la iniciativa hoy se suma la necesidad de incluir medidas para favorecer a los pequeños y medianos agricultores, fortalecer la capacitación e incorporar requisitos que resguarden el cuidado del medio ambiente, lo que seguirá en discusión en el Congreso.

De hecho, la ley que se aplica hoy no es la aprobada en 1985. ‘La ley ha sufrido muchos cambios cuando ha tenido que renovarse y también ha tenido cambios menores casi todos los años. Ha habido un perfeccionamiento permanente y continuo de la ley en su aplicación y en los tipos de ayuda que entrega, lo que ha nacido de un análisis y una reflexión de lo que sucede’, asegura Fernando Peralta, quien preside la Confederación de Canalistas de Chile, que reúne a las principales organizaciones de usuarios de aguas.

Cuestionamientos

Los cuestionamientos a la ley en discusión surgen principalmente por el destino que tuvieron muchos de los recursos entregados. Un estudio de la Fundación Terram, elaborado en base a datos entregados por la CNR, muestra que, entre 2010 y 2020, un pequeño grupo de empresas agrícolas grandes han obtenido el subsidio de la Ley de Riego más de diez veces, mientras que la mayoría de los beneficiarios lo han recibido solo una vez, lo que genera críticas sobre la focalización en la entrega de los recursos.

‘Los grandes beneficiados han sido las agroexportadoras y conglomerados que han utilizado algunos vicios de la ley, que permite que se hagan pasar por agricultores más pequeños y se adjudiquen varias veces los subsidios’, explica la geógrafa de la Fundación Terram, Fernanda Miranda.

Precisamente, para solucionarlo fue que el proyecto presentado este año para prorrogar la Ley 18.450 considera limitar el subsidio a quienes tengan hasta 200 hectáreas de riego ponderado, tomando en cuenta la superficie total que puedan sumar sociedades matrices y sus filiales, para enfocarlo en el apoyo a la pequeña y mediana agricultura.

‘Buscamos limitar a los grandes agricultores para que tecnifiquen sin subsidios del Estado, y para los que tienen entre 80 y 199 hectáreas, que puedan acceder solo al 2% de los recursos anuales de la ley, con lo cual estaremos llevando el 98% de los recursos a los productores de menos de 80 hectáreas’, dice Federico Errázuriz, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego.

Sin embargo, en la Fundación Terram van más allá y plantean que es necesario reformular la estratificación de los beneficiarios y no considerarlos en base a la superficie de riego, que podría ser subdividida en los proyectos para poder acceder al beneficio estatal, y pasar a definirlo de acuerdo con el tamaño de la empresa que figura ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Otro de los temas por zanjar en la discusión parlamentaria es la extensión que tendría la nueva prórroga de la ley, ya que en un escenario de cambio climático y donde se discute la elaboración de una nueva Constitución, donde el agua es uno de los temas clave, el plazo de 12 años es considerado muy extenso por algunos sectores.

‘El Ejecutivo se abrió y planteó un plazo de siete años, pero no se ha logrado un acuerdo, ya que algunos siguen considerando que es mucho. Sin embargo, esta ley es un marco y entrega la facultad de focalizar los recursos en distintas áreas y hacer ajustes’, señala Federico Errázuriz.

Tecnificar a los pequeños

Con una superficie de 580 mil hectáreas que cuentan con equipos de riego tecnificado, lo que corresponde al 53% de la superficie total de riego del país según los datos de la Agryd, Chile se ha convertido en un referente mundial en la incorporación de tecnologías para este sector, siendo superado solo por Israel, Emiratos Árabes y el sur de España.

Pese al fuerte avance, en la organización gremial afirman que existe mucho espacio para crecer, ya que en los últimos años se tecnifican alrededor de 20 mil hectáreas anuales, de las cuales unas nueve mil hectáreas reciben apoyo financiero a través de los concursos de Ley de Riego, y existe un gran potencial para crecer en la incorporación de tecnología para los pequeños agricultores, que son los más rezagados.

‘La ley financia hasta el 90% de las necesidades de inversión de los pequeños agricultores, por lo que estimamos que la brecha no está relacionada directamente con la ley, sino más bien con la cultura productiva de los pequeños agricultores, en su mayoría dedicados a cultivos anuales o la horticultura’, dice Walter Frindt.

En ese sentido, el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, asegura que al impulsar con mayor fuerza a la pequeña agricultura también se verá fortalecida la seguridad alimentaria, aunque advierte que la entrega de recursos debe ir acompañada de capacitación.

‘En este contexto de cambio climático, la ley debe fortalecerse también con un mayor financiamiento, para ampliar su cobertura y para que la CNR tenga más gente en terreno haciendo extensión y enseñando el uso de los sistemas de riego, porque uno de los grandes problemas es entregarles a los agricultores una tecnología que no saben ocupar. Y eso es algo que no solo ocurre con los pequeños, sino que también con algunos productores medianos y grandes’, plantea.

En la Agryd reconocen que una de las mayores dificultades para la incorporación de riego tecnificado entre los pequeños agricultores es que la ley obliga a financiar el proyecto completo con recursos propios y solo luego de su recepción el Estado paga el bono, por lo que muchos no tienen los recursos iniciales.

Tomando en cuenta eso, una de las propuestas que contempla la prórroga de la ley es permitir que los proyectos de los pequeños agricultores se dividan en hitos, para que puedan recibir pagos por el estado de avance de las obras y no solo la bonificación final.

Y, en el caso de los consultores que elaboran los proyectos que se presentan a los concursos de la CNR, se busca adelantar el cobro de una parte de sus servicios para incentivar la entrada de nuevos profesionales, ya que hoy se les paga cuando la obra está terminada y eso puede tardar hasta dos años.

‘Apuntamos a que haya más facilidades para los pequeños agricultores, para disminuir la brecha que ellos tienen. Si bien faltan los datos del último Censo Agropecuario para tener datos completos, estimamos que mientras los agricultores grandes tienen alrededor del 80% de la superficie tecnificada, en los pequeños está entre el 10% y 20%’, dice Federico Errázuriz.

Cuidar el medio ambiente

Al haber participado en la Ley de Riego desde sus inicios, Fernando Peralta resalta que no fue concebida como una iniciativa social, sino que para el fomento de la producción, el empleo y la estabilización de las personas en las regiones, y destaca que es una herramienta que ha permitido enfrentar mejor la sequía de los últimos doce años.

Sobre el eventual impacto del riego tecnificado en el medio ambiente, al permitir que se cultive en laderas o que el uso más eficiente del agua se haya destinado a extender las superficies de producción en zonas con escasez, dice que no es la regla general y que hasta ahora no se ha medido.

‘Decir que por principio el riego va contra el medio ambiente es un error. Si a la ley de fomento al riego se le quiere poner una coletilla que obligue a hacer algo en función del medio ambiente no hay problema, pero que eso no signifique matar la ley’, advierte.

Dentro de la propuesta presentada por el Gobierno está considerado restringir el aumento de la superficie regada para las zonas que han sido declaradas como agotamiento de fuentes superficiales o de prohibición para el uso de las aguas subterráneas, donde solo se podría bonificar proyectos orientados a mejorar la eficiencia.

Sin embargo, desde la Fundación Terram plantean ir más allá y exigir que los beneficiarios de la Ley de Riego restituyan o renuncien al caudal o agua ahorrada, estableciendo mecanismos claros para restituirla.

‘Es importante que eso se incluya y que el ahorro pueda pasar a otros usos, sobre todo en zonas que están afectadas por la escasez hídrica, con un porcentaje y una obligatoriedad para los beneficiarios con más de 12 hectáreas. El Estado tiene que velar por el bien público y no por el bien privado’, plantea Fernanda Miranda.

Junto con eso, Walter Frindt señala que es importante limitar el riego en pendientes o laderas, ya que se trata de superficies que en forma natural casi no tienen vegetación, por lo que incluirlas dentro de una cuenca puede generar una sobreextracción del recurso hídrico.

‘En otras palabras, no parece posible regar el 100% de una cuenca con los recursos hídricos actuales, aunque la ingeniería lo permita’, plantea el presidente de Agryd.